lunes, 4 de junio de 2012

Los condenados son Roberto Bustos y Jorge Bianchero, ambos de 78 años. Deberán cumplir una pena de 19 y 9 años de prisión, respectivamente, por el secuestro y desaparición de seis jóvenes integrantes de un taller literario.

Los grupos de tareas que ellos dirigían se manejaban como la Gestapo”, dijo a Miradas al Sur el abogado y periodista Pablo Llonto como uno de los dichos que más le movilizaron en el juicio por crímenes de lesa humanidad que el jueves pasado llevó a dos ex comisarios de la Policía Bonaerense a prisión. Los condenados son Roberto Bustos y Jorge Bianchero, ambos de 78 años. Deberán cumplir una pena de 19 y 9 años de prisión, respectivamente, por el secuestro y desaparición de seis jóvenes integrantes de un taller literario.

La frase de Llonto no es casual: esas mismas palabras le había dicho la madre del joven de 19 años Jorge Sznaider, que revivió en carne propia los padecimientos de su familia huyendo de Polonia por la persecución de judíos durante el regimen nazi.
Norma Beitone había sido la primera secuestrada del grupo. La capturaron cuando salía de trabajar en una perfumería del barrio de Almagro. Al día siguiente, el 12 de mayo de 1979, completaron los secuestros en un operativo irrumpiendo en una cena que el grupo tenía organizada.
Junto con Jorge Sznaider, se llevaron a Hugo Malozowski y a Jorge Pérez Brancatto; los tres eran estudiantes de primer año del profesorado “Mariano Acosta”. Esa noche también secuestraron a los escritores Carlos Alberto Pérez y su esposa Mirta Silber, que completaban el taller literario llamado “Horacio Quiroga” y que todos los viernes se reunía en el departamento porteño de la calle Ecuador 218, en Once.
El grupo de hombres armados que se los llevó lo hizo con la excusa de averiguación de antecedentes. Nunca más se supo de ellos, pese a la intervención de la embajada de EE.UU.
Bustos había sido jefe de la División Informaciones de la delegación San Martín y Bianchero, el titular de la seccional Villa Lynch.
El juicio comenzó el 9 de mayo pasado. Intervinieron los jueces Lucila Larrandart, Daniel Petroney Héctor Sagretti. El fallo unánimemente consideró el caso como de crímenes de lesa humanidad y por ello, imprescriptible, y abrió la posibilidad de investigar si hubo más responsables. Llonto actuó como querellante por la familia Sznaider, y también actuaron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el colectivo Justicia Ya.
Durante el debate oral, logró probarse la responsabilidad de Bustos y Bianchero. Los jóvenes, según reconstruyó la Justicia, fueron llevados al Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, donde funcionaba el centro clandestino de detención. Los represores habían llegado al juicio en libertad ya que estaban procesados sin prisión preventiva.
El día de la sentencia, en la sala había apenas 22 asientos, lo que obligó a muchos familiares a ubicarse en los pasillos abarrotados del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.
“Es un problema viejo de San Martín –señaló Llonto–, que empezará a solucionarse en julio cuando habiliten el nuevo edificio alquilado para sede de los juicios orales. Pero hacen falta lugares más grandes aún porque se espera que vayan unas 100 personas o más.”
Los familiares de los desaparecidos recibieron la sentencia con al grito de “presente” luego de la mención de los nombres de sus seres queridos. El anciano padre de Jorge Sznaider, que fue quien inició la denuncia y la causa junto con el letrado Llonto, debió esperar 33 años por justicia contra quienes le arrancaron a su hijo de su vida. Al llegar al tribunal, fue recibido con aplausos.
El lunes 14 de mayo a las 18.30 se colocaron en forma colectiva nuevas baldosas por la memoria, en la porteña Escuela Normal Superior N° 2 Mariano Acosta (Urquiza 277). Entre los 35 nombres, están los de Sznaider, Malozowski y Pérez Brancatto.
Tanto Bustos como Bianchero, que fueron juzgados por los delitos de “allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, amenazas, violencia y tormentos”, ya se encuentran en la unidad 22 del Servicio Penitenciario, donde empezaron a pagar por sus crímenes.

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